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El presidente del Superior Tribunal de Justicia (CTJ), Emilio Castrillón, analizó la situación del Poder Judicial a pocos días de la elección del nuevo presidente del máximo tribunal entrerriano.


En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Castrillón explicó la posibilidad de buscar su reelección en el cargo: “Lo que vengo planteando es que quiero que tenga continuidad la política que se ha implementado dentro del Poder Judicial y quiero acompañar a quien garantice en su propuesta la política buena que hemos implementado con un costo importante. Porque sabemos que se han producido modificaciones importantes que hay que sostenerla en el tiempo de modo que ese desorden que se transformó en un orden no vuelva a ser un desorden”.


“Estoy para acompañar, tampoco descarto que si alguno no quiere encabezar y coincidimos en las políticas implementadas no me descarto, prefiero asegurar lo que se hizo y lo que resta por hacer que tirar todo por la borda pero no significa eso que estoy en un campaña acérrima de todo o nada o de imponer algun tipo de candidatura a la presidencia del Superior Tribunal”, apuntó.
En ese marco, detalló que los vocales con los cuales está más cerca con “(Juan Ramón) Smaldone, (Bernardo) Salduna, (Martín) Carbonell, Susana Medina y puede llegar a sumar a través de Salduna, la doctora (Claudia) Mizawak” y mencionó que “con todo ellos estaría la mayoría para que de esos surja la propuesta”.


En cuanto a las diferencias con los demás vocales, Castrillón reconoció: “Teníamos un grupo hace mucho tiempo y en realidad las diferencias son de decisiones, de perspectivas, de proactividad”. “El cambio es de una versión aggiornada del Poder Judicial, totalmente aislado del pueblo, con mucha templanza en el manejo, con mucha prudencia, a un Poder Judicial que busca la modernidad, estar junto al pueblo, ser proactivo, regular, trabajar con otros poderes del Estado, sentirse parte del Estado, con todos los bloques y ahí radica la principal diferencia. No nos ubicamos como un poder donde los otros están enfrente sino donde nos une una calle”, definió.


Admitió que “respecto de la Sala Penal es un sector donde he venido reclamando muchas cosas, y en su momento dije que era una asignatura pendiente y uno de los temas que me había hecho pensar de no continuar, porque si no existe proactividad es imposible una discusión tripartita en un sistema procesal penal donde los actores principales son la Sala Penal, la Procuración General y la Defensoría General”.


“Lo lógico sería que existan acuerdos en propuestas para trabajar junto con la Legislatura para ajustar las normas procesales y procedimentales que aseguren las garantías y generen esa paridad de armas más allá de mantener el poder que la Constitución y el Código Procesal Penal le da a cada uno en un sistema adversarial y acusatorio”, describió.


“Asumí por convicción una pelea que apareció señalada como un tema personal con el procurador general y en realidad todo es muy distante de eso, no solo lo respeto y reconozco académicamente sino también dentro de sus funciones, pero el rol que me toca es defender las garantías y a él le toca defender los poderes que tenga la acusación y la investigación. Este es el rol que me tocó ejercer, pero en el sistema nuestro debería haber tenido más proactividad la presidencia de la Sala Penal”, aseveró.


Respecto una posible falta de comunicación con el procurador, afirmó: “En el caso mío, de quien integra la Sala Civil, es muy difícil porque debe saltar por sobre la Sala Penal, que es la que en definitiva debe llevar los lineamientos de la política judicial en el sistema penal; por eso estaba vedado de poder charlar algun tipo normas prácticas de funcionamiento o de adonde apuntamos para poder corregir las deficiencias. Si no lo lograron desde la Sala Penal no es responsabilidad del presidente pero como presidente del Superior Tribunal me tengo que hacer eco de lo que creo que la gente plantea, mas allá de que la gente no conoce todas las facultades que pueda tener un funcionario sino que critica determinadas medidas, y uno plantea para determinadas actitudes qué límite se pueden poner o qué garantías se le deberían poner”.


“En realidad, creo que en una mesa penal debería haberse resuelto como se resolvió la ley de Juicio por Jurado, las modificaciones al Sistema de Procedimiento Penal, a la ley orgánica del Ministerio Público, porque un actor por más que en una sentencia proclame lo que crea que debe ser, no significa que haya advenimiento para que la gente entienda que existe una justicia creíble que está mirando a la víctima, que está mirando a la gente pero que también asegura los derechos de los imputados”, analizó.


En otro orden de cosas, estimó que “en febrero se podría realizar el primer juicio por jurados, depende de la instrumentación y la sanción de esta ley que propuso el senador Ángel Giano para decidir cómo llevamos adelante el proceso de selección de jurados”. “Desde el punto de vista de infraestructura estamos en condiciones de hacerlo ya, faltan determinadas normas operativas y estamos en la confección del padrón de los posibles jurados”, explicó.


Mencionó que “todo esto es un trabajo que se está realizando desde el Poder Judicial con el coordinador que es el doctor (Elvio) Garzón y con quien comenzamos este camino que es Miguel Giorgio, pero además es un trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo, a través de la ministra de Gobierno (Rosario Romero) que ha participado activamente en esto, y de los legisladores que también fueron parte fundamental”.


Asimismo, aseveró que “existe una dicotomía interpretativa” respecto de la cantidad de juicio por jurados que podrían realizarse por año en la provincia y explicitó que “quienes lo analizaron desde nuestro ámbito hablan de entre 15 y 16 probables juicios anuales, mientras que el defensor general plantea que se podrían realizar 23 o 24 juicios anuales”.


Por otra parte, confirmó que “el 3 de diciembre se definirá la nueva conducción del Superior  Tribunal” y como conclusión, definió: “Lo que pretendo es que así como tuvimos la posibilidad de trabajar junto con la Legislatura, con todos los bloques, blanquear todos los inmuebles del Poder Judicial y sancionar leyes, nos quedan pendiente la ley del Código Procesal Laboral, el Juzgado de Ejecución de Penas de Concordia y otras cosas pendientes que hacen necesaria la convivencia y la participación conjunta de la Legislatura y del Poder Ejecutivo”.


Fuente: Análisis

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