Un merendero y una asociación civil en Santa Elena llevan el nombre de Gisela López. Los más postergados de la ciudad más postergada de la provincia reciben ayuda de una familia que sigue esperando las promesas de justicia, como ellos mismos siguen esperando tantas promesas a lo largo de décadas. El destino del asesinato de una chica se parece tanto al de su pueblo que el reclamo de justicia por el femicidio parece ser una misma cosa con el de inclusión, trabajo, salud y educación.

Hoy hace cuatro años que un femicida está suelto y que la impunidad castiga a los López. El hermano más chico de Gisela ha sufrido las consecuencias en su salud y la ayuda para su tratamiento no llega. El hermano mayor, Gabriel, recuerda los nombres y apellidos de cada operador del sistema que ha intervenido de algún modo u otro en la causa: jueces, fiscales, policías locales y de Paraná, ministros, los más rasos y los más encumbrados. “Todos ellos van a tener un prontuario muy mal llevado por la ineficiencia total. Están en deuda con nosotros y con toda la sociedad”, asegura.

La causa se encuentra en la sala de espera de expedientes que deben ser tratados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la pretensión de la Procuración de Entre Ríos de volver a juzgar a los tres imputados, que fueron absueltos en el juicio. Los plazos en esas oficinas de Capital Federal son más largos que en cualquier lugar del país. A cuatro años, cada día que pasa la lucha de los López es también contra el olvido.

Vaivenes de una pesquisa

El 22 de abril de 2016, a las 22.30 Gisela López sale de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 5 Padre Fidel Alberto Olivera y regresa caminando a su casa, ubicada en el barrio 120 Viviendas, cerca del acceso a la localidad.

Cuando camina por un sendero al costado de la avenida Perón (ruta de ingreso a la ciudad), en la zona conocida como El Bajo, es raptada y llevada por la fuerza al campo lindero.

Desaparece y durante 18 días se extiende la búsqueda en Santa Elena y toda la provincia, con múltiples rastrillajes en la zona donde fue vista por última vez, sin resultados. En el medio, surge el dato erróneo de que Gisela estuvo en Paraná y detienen durante 15 días a un hombre que era inocente.

El 10 de mayo, un chico que cruzaba a caballo el mismo campo que rastrillaron tantas veces, encontró el cuerpo de la víctima, oculto entre yuyos. Según la autopsia, durante los 18 días que Gisela estuvo desaparecida, el cuerpo estuvo todo ese tiempo en el mismo lugar.

El 22 de junio, el fiscal Santiago Alfieri, a cargo de la investigación, detiene a cuatro personas. La hipótesis de la Fiscalía fue que Mario y Elvio Saucedo (padre e hijo de 54 y 29 años, ladrilleros) y Matías Vega (de 19 años), abusaron de la víctima en la vivienda de los Saucedo en la zona de ladrillerías en cercanías al lugar del hecho, la mataron y luego dejaron el cuerpo en el lugar. También imputan a Rocío Altamirano (novia de Vega, de 19 años) como encubridora, pero finalmente se desiste de esta acusación.

En marzo de 2017 se realiza el juicio. Ningún testigo ni prueba objetiva incrimina en directamente a los imputados del femicidio. La Fiscalía (Santiago Alfieri y Carolina Castagno, hoy vocal de Tribunal de Juicio) valora varios indicios y pide la prisión perpetua.

Formularon la acusación a partir de tres testigos que ubican a Mario Saucedo caminando detrás de Gisela aquella noche del 22 de abril en la zona conocida como El Bajo, por la avenida Presidente Perón. Y también en los testigos indirectos que refirieron diálogos mantenidos con los imputados o sus familiares en los que confesaron la autoría del homicidio.

La testigo Vanesa Gauna relató que la novia de Vega (Rocío Altamirano) le contó que aquella noche los acusados “la agarraron a Gisela en El Bajo, la tuvieron en la casa de Mario y le hicieron cosas”. También, que había otras dos personas de Santa Fe y que Matías, según esa supuesta confesión, le sacó el cordón de la zapatilla para ahorcarla, que se les había ido de las manos porque no la querían matar. Para los fiscales, la testigo fue conteste y veraz en sus declaraciones.

La Fiscalía le apuntó a un policía en particular, Jorge Carpincho Riquelme, cuñado de Mario Saucedo, por haber desviado la investigación, para quien iniciaron una investigación por un delito de acción pública y falso testimonio. También, respecto de Saucedo, sumaron como prueba los antecedentes de violencia de género contra su pareja, y un hecho de similares características ocurrido dos años antes, en el que una chica casi fue víctima de un rapto, del cual sospechan que fue Saucedo.

El defensor Roberto Alsina afirmó que el testimonio de Gauna no puede fundamentar ninguna acusación ya que no solo varió sus dichos sino que confesó que la Policía le había prometido una casa si declaraba en la causa, y se quejó de no haber recibido tal contraprestación. Alsina pidió la absolución por falta de pruebas. Cuestionó “la desprolijidad con la que se manejó la investigación”, no solo por no haber encontrado el cuerpo (lo hizo un niño a caballo 18 días después) sino porque “los investigadores no les pedían información a los testigos, sino que se las daban para que la ratifiquen, la Policía les decía qué y cómo decir las cosas, les imponen una idea a la gente”.

“¿Qué quiere que le diga?”

Rocío Altamirano no fue acusada. Contó el itinerario que realizó aquel viernes 22 de abril de 2016: iban a ir a pescar con su novio Matías, pero fueron a un cumpleaños, luego se fueron a la costa con los hijos del muchacho a jugar con la hamaca, tomaron un helado, los nenes se durmieron, uno se descompuso y vomitó, regresaron a la casa y alrededor de las 2 se acostaron a dormir.

Matías Vega reiteró lo que hizo aquel día junto a Rocío Altamirano (los planes de ir a pescar, el cumpleaños de Chongo, el paseo por la costanera, el regreso a la casa). Aseguró que en la casa de Saucedo, donde vivían, no se hacían fiestas porque la religión del hombre (Testigo de Jehová) lo prohíbe. Al final dijo: “Les pido por favor si podrían encontrar al verdadero culpable para limpiar nuestros nombres”.

Elvio Saucedo contó que fue a trabajar a un campo donde hacía leña, al regresar se bañó, tomó mates con su mujer, cenaron en familia, se acostaron a leer la Biblia y se durmieron. “Les pido por favor si pueden hacer justicia por este caso tan horrible, hay cuatro inocente presos, hay familias sufriendo, por favor les pido que se den cuenta que todo esto es una gran mentira”.

Mario Saucedo se sentó y le dijo al juez: “¿Qué quiere que le diga?”. Le explicaron que debía declarar lo que quería, y contó que se enteró “que se perdió la chica al otro día”, y que el viernes trabajó hasta las 7 de la tarde, se bañó, cocinó, comió y se acostó. 

“Matías salió con su mujer a un cumpleaños. Al otro día me levanté temprano, fui a ver los caballos del vecino, le di de comer a las gallinas y me puse a destroncar”.

Absolución

El Tribunal (integrado por Ricardo Bonazzola, José María Chemez y Cristina Van Denbrouke) consideró que no hubo ninguna prueba objetiva ni testimonial que derribara el estado de inocencia de los acusados y los absuelve. Fundamentalmente, remarcaron que el rastro genético hallado en el cuerpo de la víctima, pelos rubios, corresponderían al autor del femicidio, que debe ser buscado.

Los jueces concluyeron que ni Gisela fue asesinada en la casa de Saucedo ni fueron ellos los autores del crimen. “Todo el desarrollo del suceso se produjo en la zona de la desaparición de Gisela, descartando de plano toda posibilidad del traslado de la víctima a la casa de Saucedo para someterla sexualmente, darle muerte y trasladarla nuevamente al lugar donde fue hallada. Porque tal hipótesis carece de asidero científico y resulta no solo inverosímil sino contrario a toda lógica”, remarcaron.

“No se ha determinado que sean ellos los autores del hecho. Así, las escasas y débiles pruebas arrimadas al juicio, impiden destruir el estado constitucional de inocencia del que goza todo ciudadano sometido a proceso. Lamentamos profundamente que un hecho tan aberrante y desgraciado que truncó la vida de una joven en forma violenta y despreciable no sea posible llegar a su esclarecimiento y al castigo que su autor o autores merecen. Existe una prueba de ADN que arrojó un patrón genético masculino hallado en el cuerpo de Gisela que no pertenece a ninguno de los tres acusados, y que casi con seguridad llevaría al autor de este hecho”.

Sobre la testigo Gauna, dijeron: “Impresionó como una testigo poco confiable y con marcadas incoherencias en su relato. En su segunda declaración incorporó nuevos involucrados en el hecho”.

El Tribunal lamentó que “se ha traído a juicio a estas tres personas en base a comentarios, rumores, testigos de oídas sin que exista colaboración en pruebas objetivas, científicas o por testigos directos”.

Casación tumbó el fallo

En 2018 la causa llega a la Cámara de Casación Penal. Por mayoría, las juezas Marcela Davite y Marcela Badano cuestionan errores en la valoración de pruebas por el Tribunal de Juicio, y ordenan realizar un nuevo debate. El tercer integrante, Hugo Perotti, votó en disidencia, al sostener que aquel fallo no fue arbitrario y se fundamentó bien la absolución.

Casación anuló la sentencia por ser incoherente y arbitraria, por “prescindir de prueba, como en valorarla fragmentariamente y en introducir en su análisis elementos que no formaron parte del acuerdo probatorio”.

Badano y Davite sostuvieron que “para determinar el lugar del hecho, utilizó exclusivamente la prueba científica, a pesar de que un número importante de testigos justamente lo que afirmaron es que el hecho ocurrió en otro lugar”, y al analizar el informe del médico forense concluyeron que “solo puede inferirse que se montó una escena” donde fue hallado el cuerpo de Gisela. “Los captores dispusieron del cadáver con suficiente tiempo como para elegir un lugar donde ocultarlo y luego la bota fue colocada en ese lugar, como un señuelo”.

La Sala de la discordia

Antes del nuevo juicio, el defensor Alsina presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia. En 2019 la causa llegó a la Sala Penal del STJ. Por mayoría, los vocales Miguel Ángel Giorgio y Daniel Omar Carubia cuestionaron a la Cámara de Casación y sustuvieron que el fallo del Tribunal que dictó la absolución fue correcto. La vocal Claudia Mizawak consideró lo contrario y planteó que se debía confirmar lo resuelto por Casación. De esta manera ganó la postura de mantener el fallo del Tribunal de Juicio. De aquella sentencia del STJ, hoy se cumple un año.

“Lo real y concreto es que ni siquiera el Ministerio Público Fiscal tiene certeza sobre el lugar en que se produjo la muerte de Gisela López y, menos aún se ha podido demostrar la participación de los tres hombres acusados del crimen de la joven”, remarcaron.

La Corte y los rumores

Ante este nuevo revés, la Fiscalía acudió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente la causa se encuentra esperando para ser tratada el máximo tribunal del país. Deben decidir si confirma la absolución o si ordena hacer un nuevo juicio. Se indicó que esta instancia “puede llevar años”.

Actualmente, la familia de Gisela no tiene información precisa acerca de quién tiene en su poder el expediente, ni cuándo podría ser analizado por los supremos. Mientras tanto, nadie sigue nuevas pistas en la causa, ni las busca. En Santa Elena, sobran comentarios y rumores sobre presuntos responsables, pero ninguna prueba concreta. Hasta el intendente Daniel Rossi habló en un canal 2 de la localidad dijo que el asesino era alguien cercano “al poder”, aunque nunca fue a testificar.