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En medio de la polémica por las excarcelaciones otorgadas por la Justicia con la excusa del coronavirus, Alberto Fernández negó que el gobierno nacional esté detrás de una “salida masiva de presos” y sostuvo que "son los jueces quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”.


“La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad”, explicó el Presidente en sus redes sociales.


Asimismo, mencionó que “en el mundo muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo” y ejemplificó que “algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia”.


Luego de esta aclaración, el jefe de Estado ratificó que en la Argentina "la solución del problema está en manos de los tribunales y que “son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”. Y agregó: “Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema”.


“Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos”, añadió el mandatario.


En el final de su mensaje, Fernández expresó que realizó estas declaraciones porque percibe una “malintencionada campaña en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”.


“Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”, concluyó el Presidente.


Con la excusa del coronavirus y gracias a un polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense, más de mil delincuentes condenados salieron de la cárcel y hay otro grupo importante de reclusos que presentó recursos con el objetivo de recuperar la libertad o al menos ser beneficiados con prisión domiciliaria.


Entre Ríos 


La Cámara de Casación Penal Federal y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos recomendaron a los distintos juzgados tener muy en cuenta la situación de los presos en las cárceles a fin de evitar que se contagien de coronavirus. Por ello es que impulsó la morigeración de la prisión efectiva y propuso el otorgamiento de prisiones domiciliarias a las personas que puedan estar en los grupos de riesgo por edad, por problemas de salud o por estar cerca de concluir las condenas. De esa manera, en la provincia recibieron el beneficio desde 10 de marzo al 20 de abril 161 privados de la libertad.


En tanto, el número de imputados o condenados por delitos que se investigan en la órbita de la justicia provincial, que recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria, fue de 75.


Entre las personas que se les permitió las salidas de los penales, según se informó a Uno desde el Servicio Penitenciario, se encuentran entre otros:


 - Cristián Pagliaruzza, quién había sido condenado a 14 años de cárcel por el asesinado de la suboficial de Policía Silvia Depardón, ocurrido el 6 de setiembre de 2003.


 - Miguel Rochi, condenado a siete años por delito de "Abuso sexual con acceso carnal reiterado" de las víctimas discapacitadas y que eran trasladadas por el transportista escolar de Paraná.


 - José Piñeiro, condenado a prisión perpetua por ser el asesinato de Juan Carlos Malvasio, ocurrido en 1999 en la ciudad de La Paz.


 - Claudia Bernal, condenada por ser la jefa de la banda narco y por lavado de dinero en el 2017. Se le impusieron cinco años y dos meses de prisión y una multa de 1.086.090 pesos.


Los juzgados federales de Entre Ríos dispusieron en casi un mes de resoluciones, la morigeración de la prisión efectiva a 86 personas detenidas por causas vinculadas con la venta de estupefacientes. Todos los penales abrieron sus puertas a los penados o procesados que previo a recibir el beneficio, fueron notificados por las autoridades judiciales que debían cumplir a rajatabla la prisión domiciliaria, sin cometer nuevos delitos, consumir alcohol o estupefacientes, no violar la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional o avanzar en casos de violencia de género.

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