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Lo comunicó a través de su cuenta de Twitter: “El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”. Luego, el presidente Alberto Fernández, aceptó su renuncia.

Urribarri fue condenado el jueves a ocho años de prisión en la megacausa por diversos hechos de corrupción cometidos en la provincia durante su gestión entre 2007 y 2015.

Al exmandatario provincial también se le aplicó una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa de 180.000 pesos.

El Ministerio Público Fiscal había pedido 12 años de cárcel para el integrante del Frente de Todos, por “negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La parte acusadora además había solicitado la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El presidente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, José María Chémez, convalidó los argumentos de la fiscalía, al entender que se organizó un sistema irregular para defraudar al Estado con distintas maniobras dolosas.

En la denominada “causa de las imprentas”, donde se investigó la difusión de la precandidatura a Presidente de Urribarri, quedó acreditado para los jueces que hubo hechos delictivos por parte de todos los acusados (entre ellos Urribarri y otros exfuncionarios), a excepción de dos personas: Maximiliano Sena y Alejandro Almada, que “tuvieron que ver con los hechos, pero quedarían fuera de la condena por el paso del tiempo”.

La principal hipótesis apuntó al direccionamiento y cartelización de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas cuya propiedad se le adjudica a Juan Pablo Aguilera, otro de los acusados y cuñado de Urribarri.

Los presuntos delitos incluidos en la megacausa fueron negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calcularon un desfalco de unos nueve millones de dólares.


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